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Feb 27, 2010
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Ley de protección a la maternidad y “del Patriarcado”

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En realidad no dice “del Patriarcado” sino de “la paternidad”, pero ese es el título que considero más coincidente con la iniciativa de ley que presentó el pasado 10 de diciembre la senadora panista, Blanca Judith Díaz Delgado, en el Senado de la República (http://bit.ly/4pm4ju).

Ley de protección a la maternidad y “del Patriarcado”

En realidad no dice “del Patriarcado” sino de “la paternidad”, pero ese es el título que considero más coincidente con la iniciativa de ley que presentó el pasado 10 de diciembre la senadora panista, Blanca Judith Díaz Delgado, en el Senado de la República (http://bit.ly/4pm4ju). Aunque ha sido presentada por una legisladora, me parece que su propuesta perpetúa una visión patriarcal sobre las funciones reproductivas de las mujeres, en el sentido que señala Pierre Bordieu en su libro “La dominación masculina”: el Estado es el “patriarcado de lo público”, y junto con otras instituciones se encarga de establecer una división asimétrica en las relaciones entre hombres y mujeres, hasta al grado de oponer a los dos géneros: los hombres como sujetos o agentes, mientras que las mujeres como objetos o instrumentos. La organización patriarcal del Estado tiene como presupuesto que la maternidad es decisión privada y que las mujeres están destinadas biológicamente a ser madres y únicas encargadas de las tareas de cuidado.

Decepción. Es lo que podemos decir una vez que confrontamos el título de la iniciativa de ley presentada por la senadora Díaz con el contenido de la misma, expuesto en los cuatro títulos y 34 artículos. Por una parte, crea falsas expectativas para quienes queremos que exista un mayor compromiso de los varones mexicanos con su propia descendencia, lo cual podría conseguirse por medio de mecanismos jurídicos efectivos. Esta iniciativa no sólo tiene mínimas alusiones a la paternidad, sino que menciona vagamente que del hecho “biológico” de la procreación se derivan ciertos deberes, obligaciones, facultades y derechos entre el padre y el “hijo” (nótese la ausencia de lenguaje de género) pero no dice cuáles, ni cómo se garantizará que los padres cumplan con dichas obligaciones. ¿Acaso la senadora no podía investigar un poco más, o proponer alguna iniciativa para garantizar que la paternidad se “proteja” como una responsabilidad ineluctablemente adquirida? Esto ya se ha hecho en otros países, como Panamá, donde se autorizó el descuento automático a la nómina de los padres que no viven con la madre, para garantizar el pago de la pensión alimenticia; dicha pensión no solo incluye los alimentos, sino también medicamentos, vestido, vivienda, recreación, educación, y todo lo necesario para el desarrollo integral de la descendencia (http://bit.ly/c03crd). En ese país, el Código de la Familia lo regula en su Título VII y establece los procedimientos a seguir: “Las autoridades correspondientes ordenarán el descuento directo del salario del obligado a cumplir con el beneficio, y podrá, a petición del interesado, ordenar el secuestro de bienes para asegurar el cumplimiento, e incluso decretar el impedimento de salida del país”.

Bordieu afirma que “la dominación masculina” sobre las mujeres se inscribe en el cuerpo, y esta situación se agudiza cuando existe la convicción de que esa situación es “natural”. El tipo de planteamiento presente en la iniciativa de la senadora Díaz se encuentra cargado de planteamientos biologistas sobre la maternidad: “La palabra maternidad en su más simple acepción significa  «calidad de madre», lo que implica inherente a la mujer, ya que es la única que  tiene el privilegio de la maternidad, incluso su cuerpo está diseñado física, biológica, emocional y psicológicamente para desempeñar su función de madre… es el vínculo humano natural que se establece entre una madre y su hijo”. Se trata de un planteamiento reduccionista que sólo se remite a la función biológica del mero embarazo, silenciando las implicaciones sociales e intersubjetivas de la “maternidad” después del parto. La maternidad no sólo afecta a las mujeres corporalmente durante nueve meses, sino que cambia radicalmente —y para siempre— su propia vida. Además en muchos casos se trata de un acontecimiento sorpresivo e inesperado que causa desconcierto, como comenta Mireya Márquez: “la maternidad fue el destino de muchas mujeres, no necesariamente su decisión, pero como toda decisión cambia, es mutante, se adapta dependiendo de la transformación de las variables” (@Miremara en Twitter).

Lo que no se menciona en la ley, para el Estado no existe. El hecho de que en esta iniciativa se hayan obviado los problemas que enfrentan las mujeres una vez que nacen sus hijos, confirma el presupuesto —tan perpetuado en nuestra sociedad— de que el cuidado concreto de la descendencia es una responsabilidad privada y privativa de las madres. La asimetría intergenérica se hace más evidente ante esta problemática porque, como señala Bordieu, en esta estructuración patriarcal de la sociedad no se considera a la mujer como un sujeto que decide, sino como un depósito del nasciturus que debe estar lo más sano posible. He aquí la visión patriarcal que subyace en la ley: es una iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de salud en el Senado, y por lo tanto hemos de asumir que en caso de ser aprobada, sólo garantizará atención médica y “palmaditas en la espalda” para las mujeres embarazadas. Evidentemente el problema no termina ahí, una genuina ley de protección a la maternidad y la paternidad debe considerar la atención diacrónica de las y los infantes.

El biologismo también se hace evidente en el texto porque propone una curiosa vindicación de los métodos casi naturistas en el embarazo, por ejemplo, la alternativa de los masajes o la acupresión para evitar los analgésicos en el proceso del parto y exige que los médicos den primacía del parto natural respecto a la cesárea. Estas ideas abonan en la toma de distancia con los planteamientos que asumen que el género no está determinado biológicamente, sino que es una categoría dinámica que asume las construcciones sociales que “modelan estas percepciones y predisposiciones conductuales” (Margaret Mead).

Es fundamental que cambiemos la mentalidad mexicana. Los hijos e hijas no son una responsabilidad exclusiva de las madres, también lo son evidentemente de los padres y quizá cause revuelo lo que voy a decir, de la sociedad en su conjunto. Es preocupante que a lo largo de la iniciativa de ley no se proponen políticas públicas para que los padres, el Estado y la sociedad seamos corresponsables con la infancia mexicana, una vez que salen del vientre de la madre y que comienzan los verdaderos problemas para muchas mujeres que quedan embarazadas.

Esta ley, aunque en su título diga que es “para la protección de la maternidad y la paternidad”, es en realidad una ley de protección del nasciturus. Si la senadora tiene esa intención, que lo diga abiertamente desde el título y que exponga sus argumentos. Pero lo hace “entre líneas” y de manera atropellada. Desde la sinopsis aclara que ésta tiene por objeto “garantizar el pleno y eficaz ejercicio de los derechos de la maternidad y paternidad, así como preservar la salud de la madre y la del niño en gestación en cualquiera de sus estadios cigoto, embrión, feto y la de los recién nacidos e infantes”. Es evidente que su objetivo es reforzar la penalización del aborto que se ha llevado en varios Estados del país. Esta iniciativa de ley me parece reaccionaria porque, como toda postura reaccionaria, se caracteriza por la incapacidad para debatir de manera directa —es decir, democráticamente— con todas las posturas, incluyendo a quienes estamos en desacuerdo con la criminalización de las mujeres que abortan. Quien legisla de manera reaccionaria pone “línea” moral de manera velada, porque cree que posee la verdad absoluta. Parece que es el caso de esta iniciativa. De ser aprobada, pondría candados hechos “al vapor” para evitar la penalización del aborto, sin proponer un debate público a fondo sobre la cuestión.

También es evidente que no hay una investigación profunda que anteceda a la iniciativa de ley para tener conocimiento de la cuestión, de tal manera que garantice que el Estado atienda las diversas problemáticas de las mujeres que se encuentran ante esta disyuntiva. El abordaje del aborto es problemático en nuestro país, porque hasta ahora se trata de un debate con tintes profundamente ideológicos, es decir, sin un compromiso con las mujeres concretas cuya decisión no es ideológica sino práctica, vital, encarnada e incluso dramática.

La ley además pretende garantizar que el padre tenga igualdad de derechos en la toma de decisiones relativas al embarazo, y en la “vivencia de los eventos en pareja”. En el caso de los padres ausentes —incluyendo a los separados o divorciados que no atienden a sus hijos e hijas— esos derechos deberían estar condicionados al cumplimiento de sus responsabilidades derivadas de la paternidad. No es justo que se le concedan los mismos derechos, cuando la carga del cuidado recae solamente en la madre.

La penalización del aborto se ha aprobado hasta ahora en más de la mitad de los estados del país, pero difícilmente encontramos en dichos gobiernos centros de investigación cualitativa basada en testimonios, para indagar sobre las razones por las cuales las mujeres están abortando. Hasta ahora sólo se ofrecen algunas estadísticas basadas en la opinión sobre el tema, o mera información sobre los números de abortos que se realizan en el país. Como dice Mireya Márquez, “las críticas dirán que a las mujeres se nos está haciendo fácil abortar porque la maternidad nos complica la vida, pero no lo sabremos hasta que no haya más testimonios en primera persona hablando de su caso. Necesitamos patrones y tendencias, no sólo las anécdotas que todos tienen a la mano”.

Tampoco se observa un compromiso estatal para apoyar a las mujeres embarazadas que se encuentran en situación límite. Si de verdad los gobernadores y legisladores de esos estados estuvieran “a favor de la vida” —así, como algunos suelen decir de manera abstracta— desde hace mucho tiempo hubieran destinado mayores partidas presupuestales para comprometerse no sólo con la gestación, sino sobre todo con la manutención de las futuras generaciones. Podrían poner impuestos locales para dar pensiones a las madres en situación vulnerable, para garantizar la alimentación, educación, vestido y salud de los niños y niñas de su estado; pero poner impuestos quita votos. Es más fácil decir que se es pro-vida penalizando el aborto, que garantizando el cuidado de la vida de modo concreto.

Las decisiones de las mujeres respecto al embarazo tienen un impacto público que aún no ha sido atendido debidamente por el gobierno mexicano en su conjunto, específicamente en lo que atañe a los índices de natalidad. Hasta ahora no ha habido avances legislativos sino retrocesos, porque ahora hay leyes que castigan a las mujeres que abortan –varias están o han estado encarceladas en México por ese motivo- pero prácticamente no existe una legislación que garantice el apoyo efectivo para el cuidado de las futuras generaciones, ya sean bebés, infantes o jóvenes. En la organización patriarcal del Estado existe el presupuesto de que la maternidad es decisión privada, además que las mujeres están destinadas por su biología para ser las únicas encargadas de las tareas de cuidado.

Sabemos que Europa se está volviendo un continente de viejos y que sus índices de natalidad no garantizarán el reemplazo generacional necesario para que la población económicamente activa sostenga a la gente mayor de esos países, que cada vez es más longeva. Por eso han tenido un cierto avance en lo que respecta a políticas públicas para incentivar la natalidad, y resulta extraño que estos avances mundiales no hayan sido mínimamente considerados por la senadora Díaz en una iniciativa de ley destinada a “proteger la maternidad y la paternidad”. Por ejemplo, los “nidos de bebés” son un apoyo que han otorgado los gobiernos de Austria y Alemania –en estos momentos también Francia y Luxemburgo están adoptando el sistema- para las mujeres que no pueden o no desean quedarse con sus bebés. Se trata contenedores equipados para que las madres depositen a l@s recién nacid@s. Una vez que deposita al bebé en el “nido”, la madre se desvincula de él o ella para siempre: ese es un ejemplo de que el Estado asume la corresponsabilidad con las nuevas generaciones que llegan al país (http://bit.ly/4vQFzn).

En lo que respecta al fomento de la maternidad, el gobierno de España hace descuentos en los gastos de salud, transporte, y educación para las familias con tres hij@s o más: entre más descendencia, más apoyos. maternidad”. Además desde julio del 2007 en España se entrega una ayuda llamada “deducción por maternidad”. Consiste en el pago de 2500€ por cada bebé que nace o es adoptado, y si se trata de trillizos se entregan 3500€ por bebé porque ya es una “familia numerosa” (http://bit.ly/7T79aZ). Estas políticas sí están destinadas a proteger la maternidad y la paternidad, es más, a fomentarla. Cuestan dinero —es decir, impuestos— y votos en el corto plazo.

También el número de semanas debido a las “bajas” por maternidad son envidiables en países como Finlandia (44 semanas), Italia (47 semanas), Dinamarca (50 semanas) y sobre todo en Suecia (96 semanas). En este último país, la madre y el padre tienen derecho a ese número de semanas para cuidar y conocer a su bebé, recibiendo 80% del sueldo y otros 90 días más con una taza diaria fija. Este apoyo se ha visto reflejado en un mayor índice de reemplazo generacional (1,7), que se revertirá en desarrollo humano para la siguiente generación. La ley de Igualdad de Oportunidades en Suecia sí hace un replanteamiento sobre el fondo del problema cuando afirma que “mujeres y hombres deben asumir la misma responsabilidad para las tareas de la casa y para la atención hacia los demás” (http://bit.ly/bagM0q).

México en estos momentos tiene el índice de natalidad mínimo para garantizar dicho reemplazo, pero —volviendo a Bordieu— esta “sociodicea masculina” normaliza la inequidad de género y por ende, compromete el desarrollo social en su conjunto por sus raíces excluyentes. Un Estado patriarcal consolida estructuras sociopolíticas plagadas de hombres que no tienen sentido de corresponsabilidad con las “cosas de mujeres”. Basta observar el fenómeno tan mencionado de las legisladoras “Juanitas” o “taxistas”, que son propuestas por los Partidos para cubrir cosméticamente las cuotas de género durante las elecciones para pedir licencia y ceder su lugar a hombres, una vez que se ha iniciado el trabajo legislativo. Tiene el mismo efecto la mínima presencia de directivas en las Secretarías de Gobierno y las pocas líderes políticas que se posicionan en sus propios Partidos Políticos. ¿Cuándo habrá en México líderes que se comprometan con la atención de los problemas sociales relacionados con la vulnerable situación de tantas mujeres?

Es verdaderamente una decepción que la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado presente una iniciativa con clara intencionalidad ideológica, de manera tan opaca, y por lo tanto  perniciosa. Buscando dar protección contra el aborto, quema la oportunidad de poner sobre la mesa la discusión sobre un auténtico replanteamiento del statu quo sobre la maternidad y la paternidad de nuestro “México lindo” y machista.

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chale · Política
  • Hola!!

    Hasta hace una semana estaba en revisión por las comisiones de salud, creo que aún no dan el veredicto pero voy a investigar más, te mantendré al tanto.

    Un fuerte abrazo,
    Alice.

    AliceOJ 16 abril, 2010 9:28 am Responder
  • Hola me parese muy interesante la reflexion realizada ¿Quien es el autor?

    Flor 1 marzo, 2011 9:49 am Responder
  • La autora es Alicia Ocampo @AliceOJ (su tiwtter). Saludos.

    admin 1 marzo, 2011 10:09 am Responder
  • ¡Hola!

    Vuelvo a dar seguimiento a la cuestión, prometo mantenerles al tanto sobre esta iniciativa de Ley. Alguien preguntó sobre mi, soy @AliceOJ en Twitter, mi Blog: http://www.generalaequidad.blogspot.com

    En la bio de ambas cuentas pueden ver algo de mi CV.

    ¡Saludos!
    Alice.

    AliceOJ 1 marzo, 2011 9:49 pm Responder
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