Turismo y Defensa entregaron 40 mil metros cuadrados de terreno federal a una empresa privada sin cobrar un peso. Hacienda llegó después con la cuenta: 46 millones 71 mil 827 pesos.[1]
Lo chido
Que exista un INDAABIN con dientes ya dice algo: hay un mecanismo institucional que puede ponerle precio al uso comercial de inmuebles federales, aunque llegue tarde.[1] El desglose valuatorio es detallado — metro a metro, uso por uso — y eso hace más difícil que el cobro se diluya en negociación opaca. Si la empresa termina pagando los 46 mdp, ese dinero va al erario, no a una cuenta privada. Para un país donde la explotación de bienes públicos suele quedar sin factura, que Hacienda ponga número y plazos sobre la mesa es, al chile, mejor que el silencio.
Lo chale
El problema no es el cobro — es el orden en que llegó. Dos secretarías de Estado firmaron un acuerdo que regalaba suelo federal a una empresa privada para hacer negocio durante el evento comercial más grande del año, y nadie en la cadena de aprobación levantó la mano.[1] Hacienda apareció tres días antes del arranque, cuando el festival ya estaba montado y los contratos, cerrados. ¿Quién audita el convenio original? ¿Quién responde si la empresa no paga o negocia a la baja? El mecanismo funcionó al revés: primero el regalo, luego la cuenta.
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46 millones de pesos por 39 días — casi 1.2 millones de pesos por día de festival en Campo Marte
El convenio original entre Defensa, Turismo y la empresa privada fijaba ese costo en cero pesos.[1]
para entender mejor
El Campo Militar Marte, pegado al Auditorio Nacional y administrado por la Secretaría de la Defensa, fue cedido a la empresa The Mates Contents para operar el festival ‘Campo Marte 2026’ del 10 de junio al 19 de julio — 39 días de conciertos, transmisiones del Mundial, comida y bebidas.[1] El convenio original entre Defensa, Turismo y la empresa decía explícito: sin contraprestación económica. O sea, gratis. Fue hasta el 8 de junio — tres días antes del arranque del torneo — que el INDAABIN, órgano de Hacienda, emitió un oficio calculando el cobro real por usar espacio federal con fines comerciales.[1] El documento firmado por Francisco Javier Aguilar García exige que en 20 días hábiles se le requiera a la empresa el comprobante de pago.
la historia completa
El Campo Militar Marte tiene 40 mil metros cuadrados estratégicamente ubicados entre el Auditorio Nacional y Paseo de la Reforma. Durante 39 días — del 10 de junio al 19 de julio de 2026 — ese espacio operó como festival comercial: zona gastronómica, escenarios musicales, pantallas para ver el Mundial, áreas de arte y actividades deportivas.[1] La empresa responsable fue The Mates Contents, que firmó convenio con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Turismo. El acuerdo original estipulaba que no existiría contraprestación económica entre las partes — en papel, una colaboración entre gobierno y privados sin costo para nadie.
El desglose que elaboró el INDAABIN desglosa el cobro en cuatro zonas: el espacio gastronómico de 11 mil 575 m² vale 23 millones de pesos; el área recreativo-musical de 21 mil 233 m² se tasó en 18.2 millones; las zonas de exposición y arte suman 2.4 millones; y las actividades deportivas, 2.3 millones más.[1] Total: 46 millones 71 mil 827 pesos. La valuación se hizo con base en un dictamen técnico de derechos por uso y aprovechamiento de espacios para eventos cívicos, culturales, deportivos y gastronómicos — el mismo tipo de cobro que se aplica a cualquier evento en inmueble federal.
El oficio del INDAABIN, fechado el 8 de junio, le pide a Defensa y Turismo que, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, requieran a la empresa el comprobante de pago.[1] La pregunta que el documento no responde es qué pasa si ese plazo vence sin resultado: ¿hay sanción? ¿puede la empresa renegociar el monto? ¿quién fiscaliza que el cobro efectivamente se concrete? La estructura del oficio es de solicitud, no de resolución ejecutiva, lo que deja margen para que el proceso se alargue más allá del cierre del festival.
Lo que queda sobre la mesa es la pregunta de fondo: ¿cómo llegó a firmarse un convenio entre dos dependencias federales que cedía uso comercial de suelo militar sin contraprestación?[1] No es un trámite menor — implica coordinación entre Defensa, Turismo y, presumiblemente, algún nivel de revisión jurídica interna. Que Hacienda haya tenido que intervenir después, a tres días del arranque, sugiere que el filtro de valuación previa simplemente no existió o fue omitido. El INDAABIN puso el número; la rendición de cuentas sobre por qué no llegó antes sigue sin aparecer.
para reflexionar
Si dos secretarías pueden firmar un acuerdo que regala terreno federal para negocio privado sin que nadie lo detenga, ¿cuántos convenios así existen que Hacienda nunca revisó?
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