Venezuela tiene al menos 2,295 muertos, más de 11,000 heridos y más de 50,000 desaparecidos por los terremotos del 24 de junio — y eso ni siquiera es la única crisis. Los pueblos indígenas llevan años desapareciendo en silencio, y nadie voltea a verlos.
Lo chido
La ayuda internacional que ya está llegando a Venezuela podría ser el primer factor externo que mejore la respuesta del Estado hacia grupos vulnerables, según Aimé Tillett de Wayamoutheri. Después de años de tutela cero, que organismos internacionales entren con recursos es, a huevo, mejor que nada. También se documentó y se nombró públicamente a defensores de derechos humanos fallecidos — Nelson Freitez Amaro en el exilio y Víctor Hugo Quero Navas dentro de la cárcel — lo cual al menos pone rostros a una crisis que suele contarse solo con números.
Lo chale
La captura de Nicolás Maduro abrió lo que el informe llama ‘una situación inédita’: Venezuela bajo tutela externa, con cientos de presos políticos aún detenidos y una economía reducida en más del 75%[1]. Está cañón: los pueblos indígenas del municipio Gran Sabana reportan malaria, enfermedades de transmisión sexual y trabajo forzado en minas ilegales[1]. Ahora, con el Estado volcado en la emergencia sísmica, Tillett advierte que esas poblaciones ‘podrían quedar más desatendidas de lo que ya estaban’ — y ya estaban hasta la madre de desatendidas.
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50,000+ desaparecidos solo por los terremotos — más que toda la población de Tepoztlán
Y eso es aparte de los desaparecidos por la crisis política y la violencia en zonas de minería ilegal que lleva años sin contarse.
para entender mejor
Dos terremotos devastaron Venezuela el 24 de junio y el mundo volteó a ver. Pero el informe anual de Provea — el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos — lleva 37 ediciones documentando lo que pasa cuando no hay cámaras: minería ilegal, malaria, explotación sexual, presos políticos y una economía que se redujo más del 75%. La lideresa indígena pemón Liz Hernández lo dijo sin rodeos: personas de otros países llegan a sus comunidades a destruirlas. Y el Estado venezolano, que ya era incapaz de atenderlas, ahora va a enfocar todo en las víctimas del sismo. Las comunidades indígenas van a quedar más solas que antes.
la historia completa
El 24 de junio Venezuela se sacudió dos veces. Los números son brutales: al menos 2,295 muertos, más de 11,000 heridos y más de 50,000 desaparecidos[1]. Centenares de rescatistas trabajan contrarreloj bajo los escombros. Pero el informe 37 de Provea llegó para recordar que la emergencia humanitaria en Venezuela no empezó el 24 de junio — lleva décadas construyéndose ladrillo por ladrillo de negligencia, represión y extractivismo.
La lideresa indígena pemón Liz Hernández habló en la presentación del informe sobre lo que vive el municipio Gran Sabana, en el estado de Bolívar: minería ilegal que genera inseguridad, viola derechos y mete en las comunidades un cóctel de malaria, enfermedades de transmisión sexual y explotación[1]. ‘Personas de otros países llegan a nuestras comunidades a destruirlas’, dijo. El Estado venezolano no solo no lo evita — en muchos casos lo facilita.
El informe de Provea también analiza lo que ocurrió el 3 de enero, que denomina ‘el fin de una época’: la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses dejó a Venezuela en una situación inédita, con cientos de presos políticos aún detenidos y una economía que se redujo más del 75%[1]. A la presentación asistieron ex presos políticos liberados. También se rindió homenaje a Nelson Freitez Amaro, defensor de derechos humanos muerto en el exilio, y a Víctor Hugo Quero Navas, fallecido dentro del penal Rodeo I.
Aimé Tillett, de Wayamoutheri — programa de promoción de derechos indígenas en Venezuela — explicó a Mongabay Latam que las comunidades indígenas en territorios tradicionales no están en las zonas sísmicas, pero sí pueden haberse visto afectadas las familias en zonas urbanas como Caracas o el litoral[1]. Lo más gacho: la atención que ya era precaria va a disminuir todavía más porque el Estado va a concentrar sus capacidades limitadas en las víctimas del terremoto. Los pueblos indígenas quedan al final de la fila — la fila en la que siempre han estado.
Y aquí es donde México entra al cuadro. La minería ilegal que destruye territorios indígenas en Venezuela tiene un espejo directo en la Sierra Tarahumara, la Montaña de Guerrero y la Selva Lacandona. El Estado mexicano también tiene un historial de voltear a ver a las comunidades indígenas solo cuando hay tragedia mediática — y olvidarlas en cuanto bajan las cámaras. La pregunta no es solo qué pasa en Venezuela. Es por qué aquí tampoco hay un informe que nadie quiere leer.
para reflexionar
Si Venezuela necesita 37 informes anuales para documentar lo que el Estado le hace a sus pueblos indígenas, ¿cuántos informes necesitamos nosotros antes de que alguien en México haga algo con ellos?
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