la historia completa

En Mazatlán, el colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa no espera órdenes ni presupuesto: se meten a pantanos y revisan torres de enfriamiento buscando restos humanos. Este grupo es una muestra de los cientos de colectivos de búsqueda que operan en todo el país — madres, hermanas, esposas — que aprendieron a leer el territorio porque el Estado nunca llegó a hacerlo. Su único equipo: palas, intuición y la desesperación de no tener respuestas. México suma más de 100,000^[1] personas desaparecidas en el registro oficial, la cifra más alta de América Latina.

El crimen organizado no ignora a estas mujeres. Las amenazas directas, el seguimiento y los ataques documentados son parte del día a día de las buscadoras en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz. Al menos 23^[2] buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas desde 2018 — cifra que organizaciones de derechos humanos consideran subregistrada. El patrón es brutal: encuentran fosas, denuncian, y en lugar de recibir protección quedan más expuestas. Ni pedo, el Estado las deja solas en la parte más peligrosa.

Los mecanismos oficiales de protección para activistas existen en papel, pero en la práctica son lentos, burocráticos y sin capacidad real de respuesta en zonas de alto riesgo. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha sido señalado repetidamente por organizaciones civiles como insuficiente para el volumen y la gravedad de los casos que enfrenta. Mientras tanto, las buscadoras siguen saliendo al campo cada semana, con o sin escolta, porque la alternativa — no buscar — no existe para ellas.

La pregunta que nadie en el gobierno quiere responder es estructural: si los colectivos de búsqueda hacen el trabajo forense que corresponde al Estado, ¿quién asume la responsabilidad cuando las matan por hacerlo? Las fiscalías estatales tienen capacidad forense limitada y una tasa de esclarecimiento de desapariciones que roza el piso. El trabajo de estos colectivos no es voluntario en el sentido romántico — es la única opción disponible cuando el sistema falla de forma sistemática y sin consecuencias para nadie.

100,000^[1] desaparecidos oficiales equivalen a vaciar completamente ciudades como Oaxaca o Mérida — y seguir sin encontrar a la mayoría. Cada número es una familia que lleva años sin respuesta y que, en muchos casos, decidió salir a buscar ella misma. La neta es que mientras no haya un sistema forense robusto, protección real para buscadoras y rendición de cuentas, estos colectivos seguirán siendo el único servicio de búsqueda que funciona en México — y seguirán pagando el precio más caro por serlo.